La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso en su política de endurecimiento migratorio. El United States Department of Homeland Security (DHS) emitió una directiva que ordena a U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) aumentar las acciones contra supuestos fraudes en solicitudes de asilo, incluyendo posibles investigaciones y sanciones contra abogados de inmigración que presenten casos considerados falsos.
La medida representa uno de los movimientos más agresivos del gobierno Trump contra el sistema de asilo estadounidense desde su regreso a la Casa Blanca y podría impactar directamente a miles de migrantes latinoamericanos que actualmente tienen procesos abiertos en cortes migratorias.
¿Qué anunció exactamente el DHS?
El DHS informó que ICE desarrollará nuevas políticas antifraude para reforzar la aplicación de la ley federal:
8 U.S.C. § 1324c(d)
Esa norma contempla sanciones por fraude documental y uso de información falsa en procesos migratorios.
Según el comunicado oficial, los abogados de ICE tendrán ahora más autoridad para iniciar acciones administrativas contra personas y abogados que, según el gobierno, hayan participado en solicitudes fraudulentas de asilo.
El asesor jurídico del DHS, James Percival, aseguró que durante años “millones de inmigrantes ilegales” han abusado del sistema migratorio y afirmó que muchos abogados presentan casos de asilo argumentando que prácticamente todos sus clientes serían perseguidos o torturados en sus países de origen.
El foco ahora también está sobre los abogados
Uno de los aspectos más delicados de la nueva política es que no se limita a investigar a solicitantes de asilo.
La directiva abre la puerta para que abogados de inmigración:
- sean investigados por ICE;
- enfrenten sanciones administrativas;
- puedan recibir multas;
- e incluso sean remitidos a procesos disciplinarios o criminales si el gobierno considera que participaron en fraude deliberado.
El memorando firmado por Trump en marzo de 2025 ya anticipaba este enfoque, al afirmar que algunos abogados y grandes firmas legales “aconsejan a sus clientes ocultar información o mentir” para obtener asilo.
¿Qué cambia para quienes buscan asilo?
Expertos consideran que la nueva política podría traducirse en:
- entrevistas migratorias más estrictas;
- revisión más agresiva de pruebas y testimonios;
- mayores demoras;
- incremento en negaciones de asilo;
- y más casos remitidos a deportación.
También podría aumentar el temor entre solicitantes legítimos, especialmente aquellos que tienen dificultades para documentar persecución política, amenazas de grupos criminales o violencia doméstica.
Aunque pedir asilo continúa siendo un derecho reconocido por la ley estadounidense e internacional, el gobierno Trump sostiene que el sistema ha sido utilizado durante años como mecanismo para permanecer en el país mientras los casos tardan años en resolverse.
Un sistema migratorio bajo presión
El endurecimiento ocurre en medio de enormes retrasos en cortes migratorias y oficinas de asilo.
Datos citados por organizaciones y centros de análisis señalan que:
- el atraso en cortes migratorias supera los 2.4 millones de casos;
- mientras USCIS enfrenta más de 1.4 millones de solicitudes de asilo pendientes.
La administración Trump argumenta que muchos migrantes presentan solicitudes débiles únicamente para obtener permisos de trabajo y permanecer en Estados Unidos durante años mientras esperan audiencias.
Por ello, el DHS también impulsa nuevas reglas para:
- retrasar permisos laborales para solicitantes de asilo;
- endurecer filtros de elegibilidad;
- y acelerar deportaciones.
Críticas y preocupación entre organizaciones migratorias
Organizaciones defensoras de inmigrantes y abogados especializados han advertido que estas medidas podrían generar intimidación y limitar el acceso a representación legal.
La American Immigration Lawyers Association (AILA) señaló recientemente que las políticas actuales han reducido drásticamente el acceso al asilo y podrían afectar incluso a personas con casos legítimos.
Grupos legales también advierten que una política basada en sospechas generalizadas de fraude podría provocar:
- errores judiciales;
- deportaciones aceleradas;
- y mayor presión sobre comunidades migrantes latinas.
La estrategia migratoria de Trump continúa escalando
La nueva ofensiva forma parte de una estrategia más amplia de endurecimiento migratorio impulsada por la Casa Blanca en 2025 y 2026.
En los últimos meses, el gobierno ha promovido:
- más operativos de ICE;
- ampliación de detenciones;
- revisión de casos ya aprobados;
- restricciones al asilo;
- y mayores controles para refugiados y migrantes humanitarios.
Con esta nueva directiva, el gobierno Trump busca enviar un mensaje claro: cualquier caso de asilo considerado fraudulento podría enfrentar consecuencias legales más severas, no solo para el migrante, sino también para quienes participaron en su preparación ante las cortes de inmigración.