La reciente decisión de la administración del presidente Donald Trump de revocar el programa de “parole humanitario” pone en jaque a más de 530,000 inmigrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, quienes habían ingresado a Estados Unidos con un permiso temporal implementado durante el gobierno de Joe Biden. Esta medida, que entrará en vigor 30 días después de la publicación oficial en el Registro Federal, ha generado un escenario de incertidumbre y urgencia para quienes se encuentran en situación legal temporal.
¿Qué es el Parole Humanitario y por qué se creó?
Implementado en 2022, el programa de parole humanitario fue diseñado para ofrecer una vía legal de ingreso y permanencia durante dos años a personas de países en crisis. Los beneficiarios debían contar con un patrocinador financiero en Estados Unidos, cubrir sus pasajes, someterse a controles de salud y antecedentes, y en muchos casos, obtener permisos de trabajo. La intención era reducir la migración irregular en la frontera suroeste, ofreciendo una alternativa humanitaria en medio de las crisis en países como Cuba, Haití, Venezuela y Nicaragua.
Razones detrás de la suspensión
La administración Trump argumenta que el programa no solo no logró disminuir el flujo migratorio, sino que además generó problemas internos en el sistema migratorio. Entre sus justificaciones se encuentran:
- Incremento en solicitudes de asilo: Aproximadamente 75,000 beneficiarios han solicitado asilo, lo que ha generado atrasos en el procesamiento de casos migratorios.
- Presión en los aeropuertos: Florida, por ejemplo, ha recibido el 80% de los ingresados aéreos, incrementando la saturación de los puntos de entrada.
- Competencia por recursos: Se alega que los recién llegados compiten por vivienda, transporte, educación y servicios legales, afectando recursos limitados en el país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señala en el aviso publicado en el Registro Federal que estos programas “no ofrecen un beneficio público significativo” y complican la aplicación de las leyes migratorias. Además, la medida forma parte de un esfuerzo más amplio de la administración por restringir vías legales de migración, ya evidenciado en la cancelación de permisos de trabajo y protecciones de Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciertos países.
¿Quiénes se verán afectados?
El programa abarcaba a 532,000 inmigrantes, distribuidos de la siguiente manera:
- Cubanos: 110,240
- Haitianos: 211,040
- Nicaragüenses: 93,070
- Venezolanos: 117,330
Estos migrantes, que se encontraban en situación regular gracias al permiso humanitario, deberán tomar una decisión en un plazo muy corto. Aquellos que no abandonen Estados Unidos voluntariamente dentro de los 30 días posteriores a la publicación del aviso, o que no logren regularizar su estatus mediante otros beneficios migratorios, estarán sujetos a procesos de deportación inmediatos. La medida también implica la cancelación de todos los permisos de trabajo otorgados bajo este programa, lo que convertirá a quienes permanecen sin una base legal en indocumentados.
Alternativas y recomendaciones para los afectados
Ante este escenario, expertos en temas migratorios, destacan la importancia de actuar con rapidez y buscar asesoría legal especializada. Algunas de las alternativas que pueden considerar son:
- Solicitudes de asilo o ajuste de estatus: Los migrantes que hayan presentado solicitudes de asilo o cuenten con peticiones familiares o de empleadores deben informarse sobre el estado de sus casos, ya que quienes logren una aprobación podrán mantener su estatus legal.
- Beneficios específicos para cubanos: Los ciudadanos cubanos pueden acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, la cual ofrece una ruta para obtener residencia permanente si cumplen con los requisitos.
- Visados especiales: Aquellos que sean víctimas de delitos o tráfico humano podrían ser elegibles para un visado U o T, aunque estos procesos pueden tardar varios años.
- Salida voluntaria: Dado el periodo de transición de 30 días, se recomienda a los migrantes que opten por la salida voluntaria que lo hagan a través de la aplicación CBP Home, diseñada por la Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
Los expertos en migración enfatizan que cada caso es único que es fundamental contar con la asesoría de un abogado con licencia para evaluar la documentación y las posibles consecuencias de la medida. Asimismo, advierte que la falta de información precisa y oportuna podría acarrear consecuencias que afecten a los afectados de por vida, incluyendo prohibiciones de entrada que van de cinco a 20 años, o incluso de forma permanente en ciertos casos.