Desde octubre de 2025, entraron en vigor casi 30 nuevas leyes firmadas por el gobernador Ron DeSantis. Endurecen penas, cambian normas de vivienda y afectan directamente a la comunidad latina de Florida.
Florida vive un cambio legal importante. Desde el 1 de octubre de 2025, el gobernador Ron DeSantis puso en marcha casi 30 nuevas leyes que abarcan seguridad pública, vivienda, justicia y privacidad. Aunque el objetivo declarado es reforzar el orden y la protección de los ciudadanos, expertos advierten que estas medidas podrían tener un impacto desigual en la comunidad latina, una de las más numerosas del estado.
Uno de los puntos centrales del paquete legal es el endurecimiento de las sanciones penales. La ley HB 113 aumenta las penas para quienes huyen de la policía a alta velocidad, mientras que la HB 479 exige compensaciones económicas para quienes causen accidentes y abandonen la escena. Además, la llamada “Ley de Trenton” (HB 687) eleva las penas para reincidentes en delitos como conducir bajo influencia o homicidio imprudente.
En materia de vivienda, la ley SB 948 obliga a los propietarios de parques de casas móviles y a arrendadores a informar sobre antecedentes de inundaciones o riesgos en las propiedades. Si no lo hacen, los inquilinos pueden cancelar el contrato y recuperar su dinero. Esta medida busca proteger a las familias, muchas de ellas hispanas, que han perdido bienes en zonas inundables, aunque podría encarecer los arrendamientos en comunidades vulnerables.
Otro cambio relevante es la HB 757, que penaliza la creación o distribución de imágenes íntimas falsas o manipuladas mediante inteligencia artificial. En conjunto con la HB 1451, refuerza las sanciones contra el acoso digital y permite a las víctimas demandar a los agresores. Esta regulación responde al aumento de casos de “deepfakes” y ciberacoso, fenómenos que también han afectado a mujeres migrantes y jóvenes latinas en redes sociales.
En el ámbito laboral y de servicios públicos, la SB 1386 eleva las penas por agredir a trabajadores de servicios esenciales, como personal de limpieza, mantenimiento o infraestructura. Para muchos empleados latinos que trabajan en estos sectores, la norma representa una protección largamente esperada.
Entre las medidas más comentadas también figura la “Trooper’s Law” (SB 150), que impone sanciones severas a quienes dejen animales atados o abandonados durante huracanes o desastres naturales, una situación recurrente en el estado.
Además, la HB 1121 regula el uso de drones y prohíbe su utilización sobre instalaciones críticas o con fines de espionaje. Otras leyes refuerzan la protección de datos personales en registros judiciales y gubernamentales, aunque algunos expertos advierten que esto podría limitar la transparencia pública.
El nuevo marco legal también afecta la planificación urbana y el desarrollo de terrenos, imponiendo plazos más estrictos para aprobaciones de proyectos y regulaciones sobre servicios públicos, lo que impactará a pequeñas empresas constructoras donde muchos trabajadores y propietarios son latinos.
En conjunto, estas leyes consolidan el estilo de gobierno de DeSantis: firme, restrictivo y orientado a reforzar la autoridad del Estado. Sin embargo, el costo social podría sentirse con más fuerza entre quienes enfrentan ya barreras económicas o migratorias. Abogados comunitarios recomiendan a los residentes latinos informarse sobre las nuevas normas, mantener sus documentos en regla y buscar asesoría legal en caso de dudas sobre su aplicación.
Para la Florida diversa y multicultural de hoy, el reto será adaptarse a un escenario donde la ley se vuelve más severa, pero también más compleja.