Tampa, julio 17 2025 La ciudad de Miami acaba de aprobar un polémico acuerdo que permite que oficiales locales trabajen en colaboración directa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Esta decisión, que forma parte del programa federal conocido como 287(g), ha provocado reacciones divididas en una ciudad construida por inmigrantes y con una de las comunidades latinas más grandes del país.
¿Qué es el programa 287(g)?
El programa 287(g) permite que ciertos agentes locales de policía actúen como oficiales federales de inmigración dentro de los centros de detención. Es decir, los policías capacitados bajo este programa pueden revisar el estatus migratorio de personas arrestadas por otros delitos, colaborar en la preparación de documentos migratorios e incluso emitir detenciones administrativas solicitadas por ICE.
¿Participan todos los policías?
No. Solo un grupo reducido de oficiales serán seleccionados para actuar bajo este acuerdo. En el caso de Miami, se estima que entre dos y cinco agentes serán capacitados específicamente por ICE para cumplir esta función. Estos oficiales operarán dentro de las cárceles y estaciones de policía, y no estarán autorizados para realizar redadas ni detener personas en la vía pública por razones migratorias.
¿Qué pueden y no pueden hacer?
Sí pueden:
- Verificar el estatus migratorio de personas ya arrestadas por otros delitos.
- Retener individuos si ICE emite una orden administrativa conocida como “detainer”.
- Colaborar en la documentación de procesos migratorios dentro de centros de detención.
No pueden:
- Realizar arrestos migratorios en la calle.
- Actuar sin haber sido entrenados y certificados por ICE.
- Usar este acuerdo para justificar controles de identidad masivos o perfilamiento racial.
El contexto y las reacciones
El acuerdo fue aprobado por la Comisión de Miami el 17 de junio, pese a las protestas de decenas de residentes, activistas y líderes comunitarios. Alegan que este tipo de colaboración erosiona la confianza entre la comunidad inmigrante y la policía local, y puede tener consecuencias sociales, legales y económicas a largo plazo.
Miami no es la única ciudad en el condado de Miami-Dade que ha firmado acuerdos similares. Coral Gables, Doral, Hialeah, Homestead y otras jurisdicciones también han adoptado versiones del programa 287(g), en medio de una fuerte presión por parte del gobierno estatal encabezado por el gobernador Ron DeSantis.
En contraste, ciudades como South Miami han rechazado implementar este tipo de colaboración, incluso argumentando posibles riesgos legales si lo hicieran.
¿Por qué es relevante para la comunidad latina?
Para miles de familias latinas que viven, trabajan y contribuyen en el sur de Florida, este tipo de acuerdos representa una «amenaza potencial», incluso para quienes ya tienen un estatus legal dado el nivel de sosobra y tensión de esta crisis migratoria. Organizaciones de derechos civiles advierten que las personas pueden abstenerse de denunciar crímenes o buscar asistencia por miedo a ser entregadas a las autoridades migratorias, aunque no hayan cometido delitos graves.