Por Redacción
La ciudad de Doral, en el condado de Miami-Dade, ha sido durante años un símbolo del exilio venezolano. Con una población donde más del 70% de los residentes nacieron en el extranjero y más de un tercio de ellos son venezolanos —aproximadamente 27.000 personas—, Doral no solo encarna el sueño americano para muchos migrantes, sino también las tensiones que emergen cuando la política migratoria nacional choca con la identidad de una comunidad.
La firma reciente de un acuerdo entre el gobierno local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), bajo el programa 287(g), permite que la policía de Doral actúe en cooperación con agentes federales para detener, interrogar y procesar a personas indocumentadas. El convenio ha desatado una tormenta política y emocional en la ciudad, particularmente entre quienes llegaron escapando del regimen autoritario de Maduro y Chávez que ahora sienten que la promesa de refugio se diluye en la sombra del control migratorio.
Durante la sesión del concejo municipal donde se aprobó el acuerdo, se hizo evidente el dilema de las autoridades locales. Según explicó el fiscal municipal Lorenzo Cobiella, el gobierno de Doral estaba legalmente obligado a firmar el acuerdo debido a mandatos estatales, incluso bajo amenaza de consecuencias penales. Pero el gesto —por más forzado que haya sido— ha sido percibido por buena parte de la comunidad como una traición.
Los temores no son infundados. El programa 287(g), creado en 1996, ha sido criticado por organizaciones de derechos civiles que aseguran que su aplicación promueve perfiles raciales y pone en riesgo a personas con procesos migratorios en curso. En el caso de Doral, la preocupación es doble: no solo por el impacto en los migrantes venezolanos sin estatus regular, sino por el potencial efecto de desconfianza y miedo que se extiende incluso a quienes ya están en vías de regularización.
Pero hay otra capa en esta historia. Aunque la narrativa más visible es la del temor de los migrantes, también hay sectores de la población local —algunos también inmigrantes de olas anteriores— que expresan incomodidad por la masiva presencia venezolana. Alegan que Doral ha perdido su equilibrio demográfico, que los servicios públicos están saturados, y que incluso la identidad cultural de la ciudad ha cambiado drásticamente. Algunos lo dicen en voz baja, otros en redes sociales: para algunos Doralzuela ya no es una metáfora afectuosa, sino una palabra que incomoda.
En ese contexto, el acuerdo con ICE no solo se lee como un gesto legal, sino como un síntoma de una tensión más profunda: la fragilidad del pacto social en ciudades transformadas por la migración acelerada. La pregunta no es solo si Doral colaborará con ICE, sino si podrá sostener su promesa como refugio sin convertirse en otro espacio de exclusión. Cabe anotar que a pesar se todo Doral ha sido considerada como una de las ciudades más seguras de Miami-Dade y su desarrollo de acuerdo a cifras presentadas por su Alcaldesa ha sido uno de los más altos de la región.
La situación de Doral podría marcar un precedente para otras ciudades con alta densidad migrante en Estados Unidos, especialmente en un año donde el tema migratorio es protagonista de los titulares. Lo que ocurre aquí no es solo una disputa legal: es un espejo del país en el que propios y extranjeros viven hoy en día.