
La nueva prohibición de viajes firmada por el presidente Donald Trump ha provocado reacciones inmediatas en gobiernos, organizaciones de derechos humanos, comunidades migrantes y sectores económicos clave. La orden ejecutiva, firmada el 4 de junio de 2025 y que entrará en vigor el 9 de junio a las 12:01 a.m. (hora del este), restringe total o parcialmente el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de 19 países, incluidos Haití, Cuba y Venezuela.
La medida recuerda al polémico “veto islámico” impuesto por el propio Trump en su primer mandato, que generó caos en aeropuertos y protestas masivas en 2017.
¿A quién afecta la nueva orden?
Doce países enfrentan una prohibición total de entrada a territorio estadounidense: Afganistán, Myanmar, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen.
Siete naciones enfrentan restricciones parciales, que limitan la emisión de visados para turismo, negocios y estudios: Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.
Aunque la proclamación incluye excepciones para residentes permanentes, visas ya emitidas y ciertas categorías diplomáticas y humanitarias, la falta de claridad sobre su aplicación ha generado una ola de incertidumbre entre las comunidades migrantes y diplomáticas.
¿Por qué ahora?
La justificación oficial del gobierno estadounidense es la protección de la seguridad nacional, en medio del episodio reciente del ataque perpetrado en Boulder, Colorado, por un inmigrante indocumentado egipcio que dejó al menos 12 personas heridas. Curiosamente, Egipto no está incluido en la lista de países vetados.
La administración Trump asegura que los países afectados presentan altos índices de personas que permanecen en EE. UU. más allá del tiempo permitido por sus visas, y que sus gobiernos no cuentan con mecanismos de verificación adecuados. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que esta narrativa es engañosa y discriminatoria.
Rechazo internacional y preocupación humanitaria
La Unión Africana, que representa a 10 de los países incluidos en la lista, ha pedido al gobierno de EE. UU. reconsiderar la medida por el impacto negativo en los lazos diplomáticos, la educación y el comercio. En América Latina, la decisión ha sido recibida con cautela por gobiernos y organizaciones migrantes que temen afectaciones en procesos de reunificación familiar y solicitudes de asilo.
Desde el sector migratorio, también se han elevado voces como la de Shawn VanDiver, presidente del grupo #AfghanEvac, quien calificó como “vergüenza moral” incluir a Afganistán, un país que ha estado estrechamente vinculado con las fuerzas estadounidenses por más de dos décadas.
El impacto en el turismo y los eventos deportivos
Empresas de transporte internacional y agencias de viajes ya reportan cancelaciones y dudas de viajeros. “Estados Unidos es el hogar de la diáspora somalí más grande del mundo. Esto golpea directamente nuestro trabajo”, dijo Bashir Farah Ali, gerente de una agencia en Somalia.
La prohibición también genera incertidumbre frente a los próximos eventos deportivos internacionales que se celebrarán en EE. UU.: la Copa Oro de la Concacaf (junio 2025), el Mundial de Fútbol (2026), y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles (2028).
La orden contempla excepciones para atletas, entrenadores, personal técnico y familiares inmediatos, lo que garantiza la participación de selecciones como Irán y Haití, y de futbolistas como los venezolanos Jefferson Savarino, Salomón Rondón y David Martínez. Sin embargo, no hay claridad sobre si los aficionados y periodistas de los países vetados podrán asistir.
Lo que dice la historia
Esta no es la primera vez que una administración Trump impone restricciones migratorias a gran escala. En enero de 2017, apenas una semana después de asumir el poder, el expresidente firmó un decreto que prohibía la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana. La medida fue objeto de múltiples demandas y finalmente fue modificada, pero sentó un precedente sobre cómo el poder ejecutivo puede influir radicalmente en la política migratoria.
En su segundo mandato, Trump ha retomado esa estrategia con más amplitud.