El presidente Donald Trump firmó una nueva orden ejecutiva que busca fortalecer los controles financieros y de verificación de identidad dentro del sistema bancario estadounidense, una medida que ha encendido las alarmas entre organizaciones migratorias, economistas y millones de extranjeros que viven en Estados Unidos.
Aunque la administración asegura que el objetivo es “proteger la integridad del sistema financiero” y evitar fraudes o actividades ilícitas, expertos advierten que la medida podría convertirse en una herramienta de presión migratoria indirecta contra personas indocumentadas o con procesos migratorios pendientes.
¿Qué establece la orden ejecutiva?
La orden instruye a agencias federales, reguladores financieros y entidades bancarias a reforzar los mecanismos de verificación de identidad y ciudadanía de quienes abren o mantienen cuentas bancarias en Estados Unidos.
En términos prácticos, esto significa que:
- los bancos podrían comenzar a exigir más documentos migratorios,
- se incrementarán los controles sobre clientes extranjeros,
- habrá revisiones más estrictas sobre números ITIN,
- y podrían ampliarse los reportes regulatorios relacionados con el estatus legal de ciertos usuarios.
La medida se apoya en normas existentes de cumplimiento financiero conocidas como “Know Your Customer” (KYC), utilizadas para prevenir lavado de dinero, financiamiento ilícito y fraude financiero.
Sin embargo, hasta ahora, esas reglas NO obligaban a verificar ciudadanía o estatus migratorio como requisito general para tener una cuenta bancaria.
¿Qué cambia para los migrantes?
Durante años, millones de migrantes —incluyendo personas sin residencia legal— pudieron abrir cuentas utilizando:
- pasaporte extranjero,
- matrícula consular,
- o número ITIN otorgado por el IRS.
Muchos bancos permitían este acceso porque tener una cuenta bancaria:
- ayuda a formalizar ingresos,
- reduce el uso de efectivo,
- mejora la seguridad financiera,
- y facilita el pago de impuestos.
Con la nueva política, expertos creen que algunas instituciones financieras podrían endurecer sus requisitos internos por temor a sanciones regulatorias o auditorías federales.
Eso podría traducirse en:
- rechazo de nuevas cuentas,
- cierre preventivo de algunas cuentas,
- congelamiento temporal de servicios,
- o solicitudes adicionales de documentos migratorios.
El temor: una “desbancarización” masiva
Uno de los mayores riesgos que observan analistas es que miles de migrantes decidan retirar su dinero del sistema financiero por miedo a ser identificados.
Esto podría provocar:
- mayor circulación de efectivo,
- menos acceso a crédito,
- pérdida de historial financiero,
- y aumento de vulnerabilidad frente a robos o estafas.
Economistas advierten que la exclusión bancaria también afecta a la economía estadounidense, especialmente en estados con alta población migrante como:
- Florida,
- Texas,
- California,
- Nevada,
- Nueva York,
- y Arizona.
Además, pequeños negocios propiedad de inmigrantes podrían enfrentar mayores dificultades para operar formalmente.
¿Los bancos compartirán información con inmigración?
Hasta el momento, no existe evidencia de un sistema automático que entregue información bancaria directamente a autoridades migratorias para deportaciones.
Sin embargo, la preocupación radica en que:
- mayores verificaciones generan más registros,
- aumentan los cruces de información,
- y facilitan investigaciones financieras vinculadas al estatus migratorio.
Organizaciones civiles advierten que esto podría crear un ambiente de miedo financiero dentro de comunidades latinas e inmigrantes.
Impacto en créditos, viviendas y emprendimientos
La medida también podría afectar:
- préstamos personales,
- hipotecas,
- tarjetas de crédito,
- y financiamiento de negocios.
Muchos migrantes construyen historial crediticio durante años utilizando ITIN y cuentas bancarias activas. Si los bancos comienzan a considerar el estatus migratorio como un factor de riesgo, miles de familias podrían quedar fuera del sistema financiero tradicional.
Una estrategia migratoria más amplia
La orden ejecutiva forma parte de una política más agresiva de control migratorio impulsada por la administración Trump desde su regreso a la Casa Blanca.
En los últimos meses, el gobierno ha:
- ampliado operativos migratorios,
- reforzado controles internos,
- limitado ciertos beneficios federales,
- y aumentado la presión administrativa sobre personas sin estatus legal.
Para críticos de la medida, el objetivo no sería únicamente financiero, sino también hacer más difícil la permanencia económica y cotidiana de migrantes indocumentados en Estados Unidos.
¿Ya está prohibido que un migrante tenga cuenta bancaria?
No.
Hasta este momento:
- no existe una prohibición general,
- los bancos aún pueden aceptar clientes con ITIN y documentos extranjeros,
- y muchas instituciones financieras continúan operando bajo sus políticas actuales.
Sin embargo, especialistas creen que el verdadero impacto dependerá de cómo cada banco interprete y aplique las nuevas directrices federales.
Lo que sí parece claro es que el acceso financiero de millones de migrantes en Estados Unidos acaba de entrar en una nueva etapa de incertidumbre.